La fragmentación del turismo en el Perú es el síntoma de 50 años de abandono

Uno de los grandes problemas del sector turístico del Perú es la fragmentación que persiste entre sus actores, y uno de los casos más emblemáticos es lo que viene pasando en un destino icónico como Machu Picchu, donde cada cierto tiempo vuelven a aparecer los mismos problemas. Esto no ocurre solo en ese destino, sino en gran parte de los otros destinos del país, donde cada actor actúa de acuerdo con sus propios intereses y pocas veces conversa con los demás, pese a compartir el mismo territorio.

Aunque el problema es general, en este artículo quiero centrarme en lo que pasa en el turismo rural, que es donde esta fragmentación pesa más; para entender a qué se debe este problema, podemos encontrar una diversidad de miradas desde distintas áreas de investigación, todas buscando explicar por qué la fragmentación se mantiene en el tiempo.

Para analizarla, quiero referirme a lo que plantea el politólogo argentino Alejandro Casalis, quien explica que un "modelo de desarrollo" no se define solo por quién gobierna, sino por cómo se combinan cuatro cosas al mismo tiempo: (i) qué rol cumple el Estado, (ii) quién se queda con la riqueza que se genera, (iii)qué sostiene la legitimidad del poder político, y (iv) cómo se inserta el país en la economía mundial; cuando esas cuatro piezas cambian juntas, cambia el modelo completo y, con él, cambia también la manera en que el territorio queda integrado o aislado del resto del país.

A partir de ello podemos observar que, en los últimos cincuenta años, Perú transitó cuatro modelos de desarrollo distintos; cada uno organizó el Estado, la economía y el territorio de una manera diferente, y cada uno dejó una marca en cómo el turismo pudo o no pudo crecer, una marca que se hace todavía más evidente cuando hablamos del turismo rural.

Entender esos cuatro momentos no es un ejercicio académico, sino que es entender por qué hoy, en pleno 2026, un municipio, un operador privado y una asociación de productores pueden estar trabajando en el mismo territorio rural sin hablar entre sí.

1975-1990: cuando el Estado se quedó sin rumbo

A fines de los sesenta, el gobierno militar de Velasco Alvarado había reorganizado el país de arriba abajo, con una reforma agraria que terminó con la vieja oligarquía exportadora y un proyecto estatista que nacionalizó sectores enteros de la economía, y hacia 1975 ese proyecto entró en crisis. Los gobiernos que siguieron, militares y civiles, heredaron un Estado endeudado, una economía estancada y, hacia los años ochenta, una violencia política que golpeó con especial dureza a la sierra andina.

En ese contexto, el turismo no era una prioridad de política pública, y mucho menos el turismo rural. La poca atención estatal se concentró en sostener lo que ya existía en Lima y Cusco, y el espacio rural andino, justamente el que hoy tiene más potencial turístico, quedó completamente fuera del radar, en parte porque era también el territorio más golpeado por Sendero Luminoso.

1990-2000: el Estado se achica, y el territorio queda solo

El gobierno de Fujimori cambió las reglas por completo, se privatizó la red de hoteles que era del Estado, se concesionó el ferrocarril, y la promoción turística pasó a manos de una entidad nueva, Promperú, enfocada casi exclusivamente en atraer inversión y turistas extranjeros hacia destinos ya consolidados.

El turismo creció en estos años, y bastante, pero ese crecimiento fue desigual, debido a que la inversión privada se fue a Lima, Cusco y un puñado de destinos urbanos, mientras el campo no entró en ese mapa. Es justamente en este vacío donde aparecen las primeras cooperativas y asociaciones rurales de turismo, no porque el Estado las impulsara, sino como respuesta autónoma de comunidades que no tenían a quién recurrir. Muchas de esas iniciativas tempranas nacieron con apoyo de la cooperación internacional, bajo una lógica más asistencial que de desarrollo económico, algo que va a marcar el rumbo de la política pública en la década siguiente.

2000-2015: el Estado vuelve, pero llega tarde y con la mirada estrecha

Con el retorno de la democracia y el boom de las materias primas, el Estado peruano recuperó capacidad de planificación y, por primera vez de forma explícita, puso el turismo rural en la agenda pública. En 2008 el Mincetur publicó los primeros lineamientos nacionales de turismo rural comunitario, un hito real.

Pero esa política nació con dos limitaciones que todavía cargamos hoy: (i) dependió mucho de la cooperación internacional, con proyectos puntuales en regiones priorizadas, sin llegar nunca a convertirse en una estrategia nacional homogénea, y (ii) más estructuralmente, definió el turismo rural casi exclusivamente como turismo rural comunitario, asociado a comunidades indígenas o nativas. Esa decisión, que viene de la lógica asistencial de los noventa, dejó fuera a otros territorios rurales y otras formas de gestión que también tienen potencial turístico, un sesgo que todavía persiste.

2015-2026: más leyes, pero la misma fragmentación de fondo

El último tramo es el que vivimos hoy, marcado por un Estado que se repliega de forma selectiva, una economía que sigue dependiendo del extractivismo y una inestabilidad política de la que ya perdimos la cuenta de cuántos presidentes y funcionarios públicos lleva en la última década.

Esa inestabilidad tiene un costo turístico directo; basta recordar los bloqueos que han afectado reiteradamente el acceso a Machu Picchu. A esto se suma la inseguridad, la falta de mantenimiento de la infraestructura y la débil conectividad vial y aérea.

Es justo en este contexto donde el Estado finalmente legisla con más ambición, promoviendo la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario (2023) y la Nueva Ley General de Turismo (2025), que avanzan en crear espacios formales de coordinación entre el gobierno nacional, los regionales y los locales. Son avances rescatables, pero siguen reproduciendo el mismo sesgo de origen: el turismo rural sigue pensado como sinónimo de turismo comunitario indígena, mientras que organismos como ONU Turismo y CAF ya están planteando una mirada más amplia, donde el turismo rural es una pieza más de la diversificación económica de cualquier territorio rural, tenga o no una comunidad indígena detrás.

Lo que esta historia nos deja

Creo que nadie puede negar que los entornos rurales del Perú tienen un potencial tremendo para desarrollar el turismo rural; sin embargo, ese potencial avanza más lento de lo que debería, en parte porque no se le da la importancia necesaria, y en parte porque existe una desconfianza de fondo entre los propios actores para coordinarse entre sí, lo que acrecienta todavía más la fragmentación que ya existe.

La fragmentación que ves no es un fracaso local, sino que es el resultado acumulado de cincuenta años en los que ningún modelo de desarrollo priorizó construir gobernanza territorial para el turismo en general, y más todavía en los espacios rurales. El Estado estuvo ausente, después se replegó, después volvió con una mirada estrecha, y ahora legisla sin terminar de resolver el problema de fondo. Creo que este mismo patrón no se limita al turismo, sino que también podemos verlo en otras áreas del Estado.

Si bien el contexto no parece esperanzador, y esperar a que el Estado lo resuelva va a ser complicado porque, como vimos, son años de olvido sobre este tema, esto no debe limitarnos. Al contrario, es una de las razones por las que la articulación entre municipios, operadores, asociaciones y cooperativas tiene que construirse desde el territorio mismo, sin esperar a que llegue desde arriba. Esa es, en buena medida, la apuesta de TerraOrigen.

Fuentes:

Casalis, A., García Delgado, D., y Gradin, A. (2024). Estado, políticas públicas y desarrollo: claves para el análisis de sociedades complejas. Revista Estado y Políticas Públicas, (22), 83-98.

Armas Asín, F. (2024). El turismo en el Perú: Historia, cadena y problemáticas. RIRA, 9(1).

ONU Turismo (2024). El Comité Europeo de las Regiones y ONU Turismo abren nuevos caminos con un estudio sobre el turismo rural y el desarrollo.

CAF - Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (2026). Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe. Reporte de Economía y Desarrollo.

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